Corea del Sur permitirá por primera vez el uso de píldoras abortivas dentro del sistema nacional de salud, como parte de una medida que busca garantizar mayor seguridad y acceso para las mujeres. El gobierno anunció que pretende implementar esta opción para embarazos de hasta nueve semanas durante el primer trimestre de 2027.
Durante los primeros dos años de aplicación, los medicamentos deberán ser recetados y entregados directamente por médicos. La medida permitirá avanzar con la solicitud de una empresa surcoreana para importar un tratamiento combinado de mifepristona y misoprostol, utilizado ampliamente para la interrupción del embarazo en otros países.
El anuncio ocurre después de varios años de cambios legales. En 2019, el Tribunal Constitucional determinó que debía flexibilizarse la prohibición que durante décadas penalizó la mayoría de los abortos. Posteriormente, la interrupción del embarazo dejó de estar penalizada, aunque el Parlamento todavía no ha actualizado completamente la legislación relacionada con el procedimiento.
La falta de un marco regulatorio claro ha llevado a algunas mujeres a buscar medicamentos mediante canales no autorizados en internet, sin garantías sobre su procedencia o seguridad. Además, médicos han recurrido ocasionalmente al misoprostol para este propósito, aunque su uso para abortos no está aprobado.
La ministra de Igualdad de Género y Familia, Won Min-kyong, consideró que la incorporación de las píldoras representa un avance para que los procedimientos se realicen bajo supervisión sanitaria. El presidente Lee Jae Myung había instruido en julio explorar alternativas para permitir el tratamiento combinado.
La propuesta también generó posturas encontradas. Organizaciones de derechos de las mujeres la consideraron un primer paso, pero pidieron que los medicamentos sean accesibles y cubiertos por el seguro nacional. En contraste, la Conferencia Episcopal de Corea expresó preocupación por la iniciativa.
La Asociación Coreana de Obstetras y Ginecólogos pidió además establecer protocolos para atender posibles complicaciones, como hemorragias o interrupciones incompletas, así como protección legal para los médicos que prescriban estos medicamentos.
