La decisión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, que expresó su rechazo a las acciones atribuidas al gobierno iraní y señaló particularmente las restricciones que, según su postura, han dificultado la supervisión internacional de sus instalaciones nucleares.
La Cancillería cuestionó la negativa de Irán a permitir en distintas ocasiones el ingreso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a instalaciones nucleares. De acuerdo con el gobierno peruano, esta situación complica las labores de verificación destinadas a impedir que puedan desarrollarse armas nucleares.
Además de la cuestión nuclear, Perú manifestó preocupación por las medidas aplicadas por el régimen iraní y por las afectaciones que estas tendrían sobre el comercio internacional. Entre los puntos señalados se encuentra la interrupción del tránsito comercial en el estrecho de Ormuz desde marzo de 2026.
El Ministerio de Relaciones Exteriores también destacó las consecuencias que atribuye a las restricciones establecidas por Irán, en un contexto marcado por la tensión en Medio Oriente y por las dificultades para mantener abiertas las rutas internacionales de comercio.
Con la ruptura diplomática, Perú fija una postura de confrontación política frente a Teherán y coloca entre sus principales argumentos la supervisión de las actividades nucleares iraníes, además del impacto que el conflicto está teniendo sobre la circulación comercial internacional.
Hasta el momento, la medida representa un nuevo posicionamiento del gobierno peruano frente a la situación en Medio Oriente y a las acciones que atribuye a Irán para incrementar la tensión regional.
