El gobierno de Canadá comenzó a emitir advertencias formales a decenas de miles de migrantes que ingresaron de manera irregular al país para solicitar asilo, instándolos a abandonar el territorio voluntariamente o enfrentar un proceso de deportación hacia Estados Unidos.
La medida es impulsada por el Ministerio de Migración, Refugiados y Ciudadanía, que ha iniciado el envío de cartas oficiales a quienes cruzaron la frontera desde Estados Unidos sin cumplir con los procedimientos legales establecidos.
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Nueva ley migratoria cambia reglas del asilo
Esta acción se produce tras la entrada en vigor, en marzo de 2025, de una nueva legislación migratoria que modifica las condiciones para solicitar refugio en Canadá. A partir del 3 de junio de ese mismo año, las autoridades comenzaron a aplicar de manera más estricta estas disposiciones, enfocándose en quienes ingresaron de forma irregular.
La normativa busca cerrar vacíos legales que permitían a algunos solicitantes evitar controles fronterizos formales, particularmente en cruces no oficiales entre Estados Unidos y Canadá.
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Migrantes enfrentan presión para abandonar el país
Las cartas enviadas por el gobierno canadiense advierten que, en caso de no salir voluntariamente, los migrantes podrían ser deportados a Estados Unidos, país desde el cual ingresaron originalmente. Esta situación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que señalan posibles riesgos para los solicitantes de asilo.
Expertos en migración consideran que esta medida podría tener un impacto significativo en miles de personas que buscaban protección internacional, obligándolas a tomar decisiones rápidas sobre su permanencia en el país.
Crece el debate sobre políticas migratorias
El endurecimiento de las políticas migratorias en Canadá se suma a una tendencia global en la que diversos países están revisando sus sistemas de asilo ante el aumento de flujos migratorios.
Mientras el gobierno defiende la medida como una forma de mantener el orden y la legalidad en sus fronteras, críticos advierten sobre las implicaciones humanitarias y legales de estas decisiones.
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