Investigación especial LIBIEN Baches y millones: el contrato que obliga a conservar las avenidas del Valle de Toluca hasta 2032 es un tema central en este reportaje.
Las quejas por baches y falta de mantenimiento en las principales avenidas del Valle de Toluca tienen detrás un compromiso contractual que todavía estará vigente durante varios años: el gobierno del Estado de México contrató a una empresa privada para conservar parte de su red vial, con una fecha de terminación modificada al 30 de septiembre de 2032.
La contratista es Empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades, S.A. de C.V. —EMCV—. Su responsabilidad comprende tramos de Paseo Tollocan, avenida Tecnológico, Calzada al Pacífico, Alfredo del Mazo y otros corredores fundamentales para la movilidad de la región.
La revisión de contratos, anexos técnicos, convenios y documentos de fiscalización permite establecer que existen obligaciones concretas de conservación. También revela mecanismos que pueden excluir trabajos y limitar descuentos mensuales.
A ese problema se suma una observación de la Auditoría Superior de la Federación —ASF—, que pidió aclarar 860.6 millones de pesos del contrato por insuficiencia de documentación sobre recursos y trabajos.
El asunto tiene dos responsables que deben rendir cuentas: la empresa, por las obligaciones que asumió; y el gobierno estatal, por supervisar, justificar los pagos y actuar frente a los incumplimientos que se acrediten.
¿Qué es un PPS y por qué se paga durante tantos años?
PPS significa Proyecto para Prestación de Servicios. Es un esquema mediante el cual el gobierno contrata a un particular para desarrollar un proyecto o prestar servicios durante un periodo prolongado, a cambio de pagos establecidos en un contrato.
En este caso, el servicio contratado es la conservación de carreteras y vialidades.
La explicación es sencilla: el gobierno paga para que la empresa mantenga las vías bajo determinadas condiciones de calidad. Para verificarlo, existen programas, reportes, inspecciones y mecanismos de descuento.
El cumplimiento no se demuestra únicamente con una factura. Debe poder comprobarse qué trabajos se realizaron, dónde, cuándo y con qué resultados.
El contrato nació con Peña Nieto y fue modificado durante gobiernos posteriores
El contrato SCEM-JC-10-AGIS-145-IR fue firmado el 24 de febrero de 2011, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La contratante fue la Junta de Caminos del Estado de México. El proyecto original comprendía 31 carreteras y 39 vialidades, con una vigencia inicial hasta febrero de 2031.
El procedimiento previo incluyó un concurso internacional declarado desierto y una posterior invitación restringida. El instrumento refiere una adjudicación del 21 de diciembre de 2010.
EMCV fue constituida mediante la escritura 28,517 del 20 de enero de 2011, según sus declaraciones contractuales. Su RFC es EMC110121PB7. Contrato original.
Las modificaciones de 2013 redujeron la cobertura a 56 carreteras y vialidades. El quinto convenio fijó el inicio de servicios remunerados para el 1 de octubre de 2013 y el vencimiento para el 30 de septiembre de 2032.
Por ello, deben distinguirse tres momentos: la adjudicación de 2010, la firma de 2011 y el inicio de servicios remunerados reprogramado en 2013. Quinto convenio modificatorio.
¿Cuánto vale el contrato de conservación?
Los documentos muestran distintos montos a lo largo de su vigencia:
| Documento | Monto de referencia, antes de IVA |
|---|---|
| Contrato original de 2011 | $9,385,411,000 |
| Quinto convenio de 2013 | $7,980,000,000 |
| Sexto convenio de 2025 | $7,842,050,880.53 |
Estos importes corresponden al paquete contractual estatal, con sus respectivas modificaciones y mecanismos de ajuste.
No son cantidades que puedan asignarse completas a cada avenida ni exclusivamente al Valle de Toluca. Tampoco representan la utilidad de la empresa o el dinero efectivamente recibido hasta hoy.
La reducción de 2025 está relacionada con la salida de los cuerpos centrales y laterales de Periférico Norte. Sexto convenio modificatorio.
Los reportes públicos de pagos de 2025 sitúan la contraprestación alrededor de 75 millones de pesos mensuales, cerca de 900 millones al año. Ese dato requiere conciliación con las facturas y las transferencias originales para determinar lo efectivamente recibido por el proveedor. Reporte de pagos de 2025.
La distinción importa: el dinero puede pasar primero de la Junta a un fideicomiso y después del fideicomiso a EMCV. Sumar ambos movimientos como ingresos separados duplicaría la cuenta.
Las 10 vialidades del Valle de Toluca bajo revisión
El inventario documental permite ubicar los corredores seleccionados para esta investigación:
| Vialidad o corredor | Tramo o identificación |
|---|---|
| Calzada al Pacífico | Paseo Colón–acceso a San Antonio Buenavista |
| Paseo Tollocan | Cuerpos centrales |
| Paseo Colón–Capultitlán–Tlacotepec | Corredor identificado por la vía Paseo Cristóbal Colón |
| Isidro Fabela | La Maquinita–Palmillas, dentro del corredor Toluca–Atlacomulco |
| Vía Alfredo del Mazo | Km 1 de Toluca–Atlacomulco–entronque Paseo Tollocan |
| José López Portillo | La Maquinita–Bulevar Aeropuerto, corredor Toluca–Naucalpan |
| Salvador Díaz Mirón | Tollocan–Pino Suárez |
| Bulevar Aeropuerto | Km 53.5 de México–Toluca–entronque km 7 de Toluca–Naucalpan |
| Avenida Tecnológico | Tramo contractual de cuatro kilómetros |
| Libramiento Sur de Metepec | Tramo identificado en el inventario PPS |
La cobertura debe leerse por tramos y secciones. El nombre de una avenida no implica que toda su extensión, sus laterales o cualquier estructura construida posteriormente estén comprendidas en el mismo contrato.
El mapa histórico del PPS registra 636.988 kilómetros en 56 vías. Esa cobertura es anterior al retiro de Periférico Norte en 2025. Mapa oficial del PPS.
¿Qué estaba obligada a hacer EMCV?
Los anexos establecen obligaciones sobre pavimento, drenaje, señalamiento, dispositivos de seguridad, vegetación y alumbrado, dentro del alcance contratado.
También contemplan inventarios, programas de conservación y atención de fallas.
En Tecnológico se identifican dos secciones del kilómetro 0+000 al 4+000, una por sentido. La inclusión documental permite ubicar una obligación concreta, en lugar de discutir solamente quién tiene jurisdicción sobre la avenida. Anexo 10 modificado.
El mecanismo de supervisión considera los baches como fallas de severidad alta y contempla atención inmediata en ocho horas y subsanación en cinco días, con posibilidad de acordar otro plazo ante una gravedad justificada.
Estos parámetros permiten contrastar reportes ciudadanos, inspecciones, notificaciones y fechas de reparación. Anexo 19 modificado.
La “no disponibilidad”: por qué puede haber vías deterioradas y pagos que continúan
Uno de los puntos centrales es la llamada no disponibilidad. Su funcionamiento exige distinguir entre fallas atribuibles al proveedor y circunstancias que pueden justificar una exención.
El contrato contempla descuentos por determinadas fallas. También prevé excepciones relacionadas, entre otros supuestos, con trabajos de la Junta o de sus contratistas, restricciones de acceso y fuerza mayor.
La propia Junta de Caminos publicó una ficha en la que afirma haber encontrado 372 documentos que afectaban 125 de 133 secciones técnicas, y señala que algunas intervenciones de terceros permitían mantener el cobro íntegro. El documento también refiere la revocación de 68 de esos instrumentos.
La ficha no proporciona una fecha de corte suficiente para tratar esos números como una fotografía actual de cada vialidad. Sin embargo, constituye un reconocimiento institucional del problema que generan las exclusiones. Descripción oficial del PPS.
La rendición de cuentas debe precisar qué tramo fue excluido, por qué motivo, durante cuánto tiempo, qué trabajos dejaron de exigirse y cómo se calculó el pago.
Una afectación puntual no explica por sí sola años de deterioro en toda una avenida. Esa relación debe estar sustentada en el expediente.
La ASF pidió aclarar $860.6 millones
La observación federal está vinculada directamente con el contrato de EMCV.
En la revisión de la Cuenta Pública 2024, la ASF determinó que faltaban elementos suficientes para comprobar la aplicación de $860,580,585.88 y los trabajos correspondientes.
Entre la documentación faltante identificó:
- Comprobante de transferencia del fideicomiso al proveedor.
- Evidencia de los trabajos realizados.
- Reportes de inspección.
- Mediciones sobre las condiciones del pavimento.
El gobierno estatal entregó información adicional durante la auditoría, pero la ASF la consideró insuficiente. Al cierre del informe, la observación no quedó solventada.
La acción es la Solicitud de Aclaración 2024-A-15000-19-0854-03-005, contenida en el resultado 28.
No se localizó en esta revisión una resolución posterior que permita establecer si finalmente se aclaró el monto, se recuperaron recursos o hubo sanciones. La solicitud no equivale a una sentencia por fraude. Informe ASF, página 20.
Prodemex reconoce el proyecto; la propiedad de EMCV sigue pendiente de transparentarse
Prodemex incluye el PPS carretero del Estado de México en su propio portafolio empresarial. Esto documenta su vinculación con el proyecto, pero no acredita por sí solo que sea accionista de EMCV. Portafolio de Prodemex.
En una declaración presentada en abril de 2014 dentro de una licitación de la SCT, Promotora y Desarrolladora Mexicana identificó como accionistas a:
- Olegario Vázquez Raña.
- Olegario Vázquez Aldir.
- Antonio Boullosa Madrazo.
- Roberto Ahued Lomelí.
La lista corresponde a Prodemex en aquel momento. No contiene porcentajes ni demuestra la propiedad actual de EMCV. Expediente SCT, páginas 60 y 61.
El reporte anual INFRAEX 2024 identifica a las familias Boullosa Madrazo, Vázquez Raña y Ahued Vázquez como beneficiarias principales del bloque de Prodemex y subsidiarias en ese vehículo de inversión.
La información permite reconstruir una red empresarial. No autoriza a trasladar automáticamente sus porcentajes o beneficiarios a EMCV. Reporte INFRAEX 2024, página 126.
Teya e Hinojosa
Existen versiones publicadas que atribuyen la integración de EMCV a Prodemex y Constructora Teya, vinculada históricamente con Juan Armando Hinojosa Cantú y Grupo Higa.
Tollocan vuelve a recibir intervención pública: falta explicar cómo se relaciona con el PPS
El Ayuntamiento de Toluca informó de trabajos impulsados por el gobierno estatal en centrales y laterales de Tollocan. El comunicado también refiere intervenciones en otros corredores de la región. Comunicado del Ayuntamiento de Toluca.
La intervención pública sobre una avenida incluida en el PPS obliga a explicar qué trabajos corresponden al proveedor y cuáles al nuevo programa.
Qué debe responder el gobierno de Delfina Gómez
El origen del contrato está en la administración de Peña Nieto. Su supervisión y sus pagos atraviesan gobiernos posteriores.
La administración de Delfina Gómez debe dar cuenta de lo que recibe a cambio de los recursos públicos ejercidos durante su gestión.
La Junta de Caminos tiene que mostrar los reportes de conservación, inspecciones, exenciones, deducciones y actuaciones realizadas ante las fallas.
La empresa debe demostrar el cumplimiento de sus obligaciones. Finanzas y los fideicomisos deben permitir reconstruir el recorrido del dinero.
La salida de Periférico Norte en mayo de 2025 muestra que el contrato ha sido modificado. El convenio fue firmado por Mario Ariel Juárez Rodríguez, en representación de la Junta, y por apoderados de EMCV; incluye disposiciones de liberación de responsabilidades relacionadas con las vías devueltas.
El alcance de esa liberación merece explicación pública, especialmente respecto de las obligaciones anteriores al retiro. Sexto convenio.
El contrato tiene nombre, fecha y obligaciones. Lo que falta es demostrar que cada peso pagado se convirtió en mantenimiento. EMCV debe responder por los trabajos que le corresponden y el gobierno estatal debe explicar qué supervisó, qué incumplimientos detectó y qué consecuencias aplicó. La observación de la ASF sobre más de 860 millones de pesos exige un seguimiento público, no silencio. Mientras el compromiso se extiende hasta 2032, los ciudadanos merecen cuentas claras y avenidas en buenas condiciones: pagar por conservarlas debe producir algo más que facturas.
Nota metodológica: Investigación basada en contratos, convenios, anexos, documentos corporativos y fiscalización pública. Se distingue entre precio contractual, pagos reportados y montos observados. No se realizó para este texto un peritaje vial ni se obtuvieron respuestas directas de las empresas y autoridades mencionadas. Las referencias históricas de accionistas no se presentan como propiedad vigente de EMCV.
