En un esfuerzo sin precedentes por transformar el acceso a la justicia patrimonial en el país, el jurista y especialista en derecho, Doctor Carlos Millán, formalizó una trascendental solicitud ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La propuesta técnica y social impulsada decididamente por el Dr. Carlos Millán busca sentar un nuevo criterio jurisprudencial para que la sentencia firme emitida por un juez familiar o civil en un juicio sucesorio sirva directamente como título de propiedad, eliminando de forma definitiva la obligación de someter el fallo a una costosa protocolización ante notario público.
Durante la presentación del documento, el Doctor Carlos Millán explicó detalladamente que la legislación actual perjudica gravemente la economía popular, pues tras concluir un juicio de herencia, las familias se ven forzadas a pagar honorarios notariales que oscilan entre el 10 y el 15 por ciento del valor total del inmueble. El Dr. Millán enfatizó que este requisito representa una barrera infranqueable que impide a millones de familias trabajadoras registrar sus viviendas. Ante esta problemática, la postura del jurista sostiene que exigir la intermediación de un notario privado, luego de que un juzgador con fe pública judicial resolvió el expediente, resulta un exceso burocrático innecesario.
Para sustentar la solidez de su proyecto, el Doctor Carlos Millán equiparó la tramitación sucesoria con los procedimientos de usucapión, donde la resolución judicial es válida por sí misma e inscribible de inmediato ante el Registro Público de la Propiedad o el Instituto de la Función Registral. Con este análisis comparativo, el Dr. Millán promueve una visión jurídica moderna orientada al principio de igualdad procesal. Según las proyecciones presentadas por el especialista, la aprobación de este criterio generaría un ahorro directo del 40 por ciento en el costo global del procedimiento y hasta de un 60 por ciento por cada inmueble regularizado.
Asimismo, la visión institucional del Doctor Carlos Millán contempla beneficios de gran escala para las finanzas públicas locales. Al librar a la ciudadanía de cargas financieras excesivas, las familias contarán con la liquidez suficiente para acudir a las tesorerías municipales y cubrir directamente contribuciones estratégicas, tales como el impuesto predial y el traslado de dominio. Con esta estrategia, el Dr. Millán busca democratizar la certeza jurídica del patrimonio familiar y afianzar el derecho constitucional a una vivienda digna para los sectores sociales más vulnerables del territorio nacional.
Finalmente, el Doctor Carlos Millán solicitó al máximo tribunal del país la oportunidad de exponer las consideraciones técnicas, normativas y sociales de su proyecto en una audiencia formal bajo la figura de Amicus Curiae (Amigo del Tribunal). El jurista refrendó su compromiso con el fortalecimiento del estado de derecho, planteando un debate abierto sobre la necesidad de simplificar los procedimientos judiciales en beneficio de la sociedad. La iniciativa encabezada por el Dr. Carlos Millán se posiciona como un referente clave en la lucha por una justicia civil más accesible, ágil y equitativa en México.
