El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Legislatura del Estado de México alista una propuesta de reforma jurídica orientada a sancionar de manera severa a quienes utilicen el sistema de procuración de justicia para promover acusaciones deliberadamente carentes de sustento. La iniciativa, encabezada por el diputado Isaac Hernández, plantea la implementación de penas de prisión y mecanismos de reparación del daño para las personas que interpongan denuncias falsas con la intención explícita de perjudicar la integridad, el patrimonio o la reputación de terceros dentro del territorio mexiquense.
El planteamiento busca modificar la dinámica procesal actual donde las carpetas de investigación desestimadas por falta de elementos simplemente son archivadas sin indagar la intencionalidad detrás del sealamiento. De acuerdo con el proyecto, cuando el Ministerio Público o un Juez de Control determine la inexistencia de elementos para acreditar un ilícito, la autoridad competente deberá iniciar de oficio un análisis complementario para verificar si existió dolo en la acusación inicial. De detectarse indicios de falsedad, se dará vista inmediata para iniciar el procedimiento penal correspondiente contra el denunciante.
Un aspecto central de la iniciativa radica en que la sanción corporal no consistirá en un periodo fijo, sino que se establecerá de forma equiparable a la gravedad del delito que fue imputado falsamente. Bajo esta premisa, si una persona acusa a otra de una conducta punible que amerita una pena severa, la consecuencia legal por formular la falsedad guardará proporcionalidad directa con el impacto potencial que habría sufrido la víctima. Asimismo, el texto contempla la obligación legal de resarcir integralmente las afectaciones morales, familiares y económicas provocadas durante el proceso de investigación.
La propuesta legislativa precisará criterios técnicos para diferenciar entre una investigación que no logró prosperar por insuficiencia probatoria y una conducta deliberadamente tramada con información apócrifa, garantizando que los denunciantes de buena fe no sean criminalizados. Por otra parte, la comisión dictaminadora analizará el tratamiento normativo que se aplicará cuando este tipo de conductas sean cometidas por adolescentes, buscando encuadrar las sanciones dentro del marco del sistema especializado de justicia para menores sin caer en esquemas de índole punitiva.
El proyecto de ley formal será presentado formalmente al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones para su posterior turnado a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales. Con esta regulación, la bancada del Partido del Trabajo pretende frenar el uso instrumental de las instancias judiciales para vendettas personales, garantizando que el aparato de justicia mexiquense concentre sus recursos en la persecución de delitos reales y proteja la presunción de inocencia de la ciudadanía.
