El diputado local Gerardo Pliego Santana, junto con el titular del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso mexiquense, Juan Carlos Villarreal Martínez, y el académico Gabriel Reyes Jaramillo, coincidieron en la necesidad de fortalecer los gobiernos digitales, ampliar el uso de nuevas tecnologías y otorgar mayor autonomía a las instituciones encargadas de combatir la corrupción en el Estado de México y el país.
Las declaraciones se realizaron durante la “Mesa de Análisis 6, Análisis del Combate de la Corrupción en el Estado de México. Retos y Dificultades”, actividad desarrollada en el marco de la “6ª Semana Nacional contra la Corrupción”, evento que reunió a representantes del sector gubernamental, académico, social y privado para debatir estrategias enfocadas en fortalecer la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Durante su participación, Gerardo Pliego Santana señaló que por muchos años los sistemas anticorrupción operaron bajo esquemas de simulación, situación que dificultó consolidar mecanismos realmente eficaces para prevenir, combatir y erradicar estas prácticas en las instituciones públicas.
El legislador, quien preside la Comisión legislativa de Combate a la Corrupción, sostuvo que la legislación actual en la materia es adecuada, aunque consideró que los resultados dependen en gran medida de quienes encabezan las administraciones públicas. En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer una cultura de integridad pública y mejorar la coordinación entre instituciones.
Entre sus propuestas destacó la creación de una Agencia Estatal Contra la Corrupción, además de facultar al Poder Legislativo para designar a las y los contralores municipales. También propuso desarrollar mecanismos de protección para personas denunciantes y establecer sistemas digitales que permitan monitorear en tiempo real el destino y uso de los recursos públicos.
El diputado recordó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el costo de la corrupción en México durante 2023 alcanzó los 12 mil millones de pesos, además de registrar miles de casos relacionados principalmente con policías y partidos políticos. Ante este panorama, insistió en la necesidad de ampliar el uso de tecnologías para reducir trámites administrativos, fortalecer la profesionalización del servicio público y combatir la impunidad en todos los niveles gubernamentales.
Por su parte, Juan Carlos Villarreal Martínez propuso incorporar contenidos relacionados con ética y responsabilidad pública desde la educación básica. Asimismo, sugirió implementar procesos especializados para seleccionar a las personas encargadas de las contralorías municipales y fortalecer los criterios técnicos en licitaciones públicas.
El funcionario también planteó la creación de un nuevo órgano anticorrupción, impulsar el servicio civil de carrera en áreas sustantivas del gobierno y desarrollar sistemas que permitan supervisar la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas.
En tanto, Gabriel Reyes Jaramillo destacó la importancia de armonizar la legislación vigente y diseñar normas más eficientes para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Además, consideró indispensable involucrar a la ciudadanía, la academia y el sector privado en tareas de fiscalización y auditoría pública.
La “6ª Semana Nacional contra la Corrupción” se llevó a cabo del 19 al 22 de mayo en distintas sedes, mientras que la mesa de análisis fue organizada con participación de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y autoridades estatales vinculadas al combate a la corrupción.
