La Audiencia Provincial de Salamanca, España, condenó a dos años de prisión a una mujer que tomó fotografías y grabó un video de contenido sexual de su hija, de 11 años, para enviarlos a través de Instagram a una cuenta que creyó perteneciente al futbolista Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el perfil era falso y había sido creado por una conocida de la menor.
De acuerdo con la sentencia, los hechos ocurrieron en mayo de 2025, cuando la mujer utilizó su teléfono celular para obtener varias imágenes de la niña y grabar un video. Posteriormente, compartió el material mediante su cuenta de Instagram con un perfil identificado como “cristiano_ronaldooo_siuuuu”.
La investigación permitió establecer que la cuenta no pertenecía al delantero portugués, sino que estaba vinculada con una conocida de la propia menor. La acusada reconoció los hechos durante el procedimiento judicial y aceptó la condena mediante un acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa.
La Fiscalía había solicitado inicialmente siete años de prisión. No obstante, el tribunal consideró como atenuante muy cualificada las condiciones de salud de la mujer al momento de los hechos, entre ellas un síndrome ansioso-depresivo reactivo y un diagnóstico de discapacidad intelectual límite que afectaba sus capacidades.
Además de los dos años de prisión, la resolución establece una orden de alejamiento que le impide aproximarse a menos de 250 metros de su hija y comunicarse con ella durante tres años. También contempla tres años de libertad vigilada, la obligación de participar en programas de educación sexual y la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante seis años.
La mujer deberá pagar una indemnización de 17 mil euros por los daños morales ocasionados a la menor, cantidad equivalente a aproximadamente 354 mil pesos mexicanos.
La sentencia también establece restricciones para que la condenada no desempeñe actividades profesionales que impliquen contacto habitual con menores. La resolución judicial no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
