El regreso de la actividad al Estadio Azteca generó inconformidad entre propietarios de palcos y plateas, quienes reportaron diversas irregularidades durante el partido entre las selecciones de Selección Mexicana de Fútbol y Selección de Portugal, que concluyó sin goles.
Roberto Ruano, secretario general de la Asociación Mexicana de Palcos y Plateas, aseguró que las condiciones prometidas tras la remodelación del inmueble no fueron respetadas, pese a que el estadio permaneció cerrado durante aproximadamente 22 meses por trabajos de modernización.
De acuerdo con el representante, previo a la intervención del estadio se colocaron sellos de seguridad en los palcos, con la promesa de que estos no serían abiertos hasta la entrega oficial a sus dueños. Sin embargo, señaló que días antes del evento se notificó que dichos sellos serían retirados bajo supervisión notarial, situación que pone en duda.
Al ingresar al inmueble, los propietarios encontraron espacios en estado de abandono. Reportaron suciedad acumulada por largos periodos, así como la falta de servicios básicos como agua y electricidad en más de la mitad de los palcos. Además, denunciaron la presencia de materiales peligrosos como clavos, alambres y tubos, lo que generó preocupación por la seguridad.
Otro de los puntos señalados fue la imposibilidad de utilizar los cajones de estacionamiento asignados, bajo el argumento de que seguían en remodelación. No obstante, los afectados indicaron que estos espacios estaban ocupados por personas ajenas, presuntamente con privilegios de acceso.
En materia de seguridad, Ruano afirmó que, aunque se observó una presencia considerable de elementos policiacos, no existieron condiciones adecuadas para garantizar el orden dentro del estadio. Incluso, se reportaron incidentes en los que asistentes en estado de ebriedad arrojaron objetos desde los palcos.
Asimismo, se destacó la falta de accesos adecuados para personas con discapacidad, lo que dificultó el ingreso de algunos asistentes. Ante este panorama, los dueños buscan reanudar el diálogo con la administración del inmueble para alcanzar acuerdos. En caso contrario, no descartan emprender acciones legales.
