El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en una encrucijada institucional de cara a los procesos electorales de 2026 y 2027.
Como reiteran las autoridades, el INE no será «comparsa» de irregularidades en estos procesos. El consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, lanzó una advertencia contundente: el organismo electoral no debe ser «comparsa» de las irregularidades que ya comienzan a perfilarse en el horizonte político del país. En entrevista, Castillo urgió al Consejo General a aplicar una fiscalización mucho más detallada. Además, pidió actuar con rigor ante cualquier indicio de conducta ilícita. Subrayó que la credibilidad del instituto depende de su capacidad para denunciar y dar vista a las fiscalías competentes.
El consejero señaló que existe una resistencia interna para emitir lineamientos preventivos que regulen los procesos internos de los partidos políticos. A decir de Castillo, es evidente que las fuerzas políticas ya están operando con la mirada puesta en la elección federal de 2027. Realizan actividades que, aunque difíciles de catalogar jurídicamente como actos anticipados de campaña bajo los criterios actuales, sí ponen en riesgo la equidad de la contienda. El funcionario insistirá en poner una «lupa» sobre estos movimientos. Además, argumentó que la confianza ciudadana se erosiona cuando el árbitro electoral permanece callado ante conductas que resultan obvias para la población.
Uno de los pilares de la propuesta de Castillo es la prohibición estricta del uso de tiempos oficiales en radio y televisión para promocionar perfiles políticos antes de los plazos legales. Sin embargo, reconoció que el camino es sinuoso. Esto ocurre debido a los cambios de criterio en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente, el tribunal ha endurecido las condiciones para acreditar actos anticipados. Exige un «llamado explícito al voto» y deja de lado la doctrina de los «equivalentes funcionales». Por lo tanto, esto otorga un margen de maniobra excesivo a los actores políticos para posicionarse prematuramente sin recibir sanciones.
Ante este escenario, la fiscalización se vuelve la herramienta más potente del INE. Castillo subrayó que se debe reforzar la vigilancia sobre el origen y destino del dinero en la política. Admitió que, si bien el INE no tiene facultades para investigar por sí solo delitos como el lavado de dinero o vínculos con el crimen organizado, la solución radica en una coordinación nacional efectiva con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las fiscalías y los órganos de auditoría. La meta es clara: evitar que el dinero ilícito contamine las urnas. El consejero concluyó que el INE tiene facultades suficientes en materia de radio, televisión y fiscalización, incluso en cargos locales. Por ello, la institución está obligada a ejercer su autoridad para garantizar que el proceso 2027 no nazca viciado por la falta de vigilancia y la omisión administrativa ante las estrategias de posicionamiento ilegal.
