En una sesión marcada por la confrontación y el intercambio de calificativos, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general el denominado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con una votación de 377 votos a favor —respaldada por el bloque de Morena, PT, PVEM y el reciente apoyo de Movimiento Ciudadano— frente a 102 votos en contra de las bancadas del PAN y el PRI, el dictamen reforma los artículos constitucionales 115, 116 y 134. El objetivo central de esta enmienda es reducir los presupuestos de los congresos estatales, limitar el número de regidores en los ayuntamientos y establecer un tope a las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales bajo el principio ético de la austeridad republicana.
La reforma al artículo 116 establece que los congresos locales no podrán ejercer fondos superiores al 0.70 por ciento del presupuesto total de cada entidad federativa. Aunque la oposición señaló que la diferencia respecto al gasto actual (0.73 por ciento) es mínima, el oficialismo defendió que este ajuste permitirá liberar recursos para infraestructura y programas sociales. Por otro lado, la modificación al artículo 134 prohíbe que cualquier funcionario del sistema electoral perciba un salario mayor al de la Presidenta de la República. Finalmente, el cambio al artículo 115 fija un máximo de 15 regidores por municipio, con el fin de racionalizar el gasto corriente en los cabildos. Según los defensores del plan, como el diputado Leonel Godoy, estas medidas rompen con estructuras de privilegio que han distorsionado el uso del erario durante décadas.
Desde la oposición, las críticas no se hicieron esperar. El legislador priísta Emilio Suárez Licona calificó los ahorros como un “mito”, argumentando que solo 59 municipios en todo el país (el 2.4 por ciento del total) tienen más de 15 regidores, por lo que el impacto presupuestario real sería insignificante en comparación con la pérdida de representatividad. Por su parte, la bancada del PAN acusó que la iniciativa debilita a las instituciones electorales y vulnera la autonomía municipal al imponer criterios de integración desde el centro del país. La sesión alcanzó su punto más álgido cuando legisladores de ambos bloques se enzarzaron en gritos e insultos, llevando a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, a solicitar que las cámaras del Canal del Congreso enfocaran a los diputados en sus curules para dar transparencia a la ríspida jornada. Con la aprobación en lo general, el dictamen pasa a la discusión en lo particular, donde se han inscrito 60 intervenciones para debatir las reservas técnicas de una reforma que redefine el control del gasto público en los niveles local y estatal.
