La violencia de género no solo se manifiesta de forma física o psicológica, sino también a través del control económico. Esta modalidad, menos visible pero igualmente perjudicial, incluye el sabotaje laboral, la falta de pago de pensiones y el control de los recursos financieros, con el fin de hacer que las mujeres dependan económicamente del agresor. En respuesta a este problema, el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género en España, aún pendiente de aprobación, reconoce oficialmente la violencia económica como una forma de abuso de género.
El proyecto, respaldado por todos los partidos políticos salvo Vox, busca reformar el Código Penal para sancionar el impago de pensiones que ponga en peligro la estabilidad de las víctimas. Además, el pacto amplía el reconocimiento de otras formas de violencia económica. Según el proyecto ECOVIO de la Universidad de Extremadura, esta violencia se basa en reducir la independencia de la mujer al controlar su acceso a los recursos económicos, restringiendo su capacidad para tomar decisiones autónomas.
Las manifestaciones de la violencia económica incluyen el control de los gastos personales, la explotación del salario o el sabotaje laboral, como presionar a la mujer para que abandone su empleo o dificultar su acceso a nuevas oportunidades laborales. El Pacto de Estado tiene como objetivo sancionar estos actos y proporcionar a las mujeres una mayor protección legal frente a este tipo de violencia.
Este avance representa un paso crucial hacia la independencia de las mujeres, visibilizando y combatiendo una forma de abuso que, por mucho tiempo, ha permanecido en la sombra.
