La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha presentado un ambicioso decálogo de 10 Rutas. Está diseñado para lograr un México libre de pobreza. Además, ha abierto un proceso de consulta con diversas organizaciones para evaluar su viabilidad y los retos que implica su implementación. La iniciativa se centra en acciones estructurales que buscan reformar políticas gubernamentales clave.
Las diez acciones propuestas abarcan desde la primera infancia hasta la reforma del modelo económico. Se enfocan en garantizar un piso parejo desde la cuna, combatiendo la desnutrición en la primera infancia. También incluyen llevar las mejores escuelas a zonas pobres, crear bachilleratos técnicos «duales», fomentar el trabajo digno para jóvenes sin estudios universitarios y promover servicios de cuidados para la inclusión económica de las mujeres.
Durante la primera ronda de consulta, expertos destacaron la pertinencia de las rutas. Graciela Teruel, de la Universidad Iberoamericana, enfatizó la importancia del piso parejo desde la cuna. Es «fundamental» para evitar la desnutrición en la primera infancia. Cada ruta, según ella, es un proyecto estructural. Por su parte, Emilia Ramírez, directora de GOYN, puso de relieve la situación de los jóvenes. Casi la mitad está fuera de la escuela y registra altos índices de pobreza. Hizo un llamado a la colaboración civil para garantizarles un primer empleo con salario digno y experiencia de superación.
Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos?, enfocó el debate en la calidad educativa como pilar. Subrayó la urgencia de incentivar la formalidad en la actividad productiva. Este enfoque es clave para hacer crecer la economía y evitar que quienes pierden su empleo caigan en la informalidad.
Otro punto crucial fue la relación entre pobreza y justicia climática. Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro, advirtió sobre el impacto del cambio climático. Puede provocar un retroceso de hasta 50 años en la reducción de pobreza. También mencionó el desplazamiento significativo de poblaciones que han perdido su patrimonio debido al fenómeno.
Finalmente, el tema de la inversión social fue abordado por Mariana Campos, directora de México Evalúa. Aunque reconoció que las transferencias sociales, como becas y pensiones, son instrumentos útiles para mitigar la pobreza, afirmó que no son suficientes. Campos subrayó que la inversión en servicios públicos clave, como la educación y la salud, es lo más relevante. Criticó la merma presupuestal en el sector salud, cuyo gasto representa solo 2.5 puntos porcentuales del PIB. Esto está muy por debajo del estándar internacional de 6% necesario para garantizar el derecho a la salud. «Esto no se arregla con transferencias sociales,» concluyó.
