En una postura inflexible frente a las recientes críticas desatadas por el trágico asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró en su conferencia matutina de este lunes su rechazo categórico a la estrategia de seguridad que impulsó el expresidente Felipe Calderón. La mandataria declaró enfáticamente que la llamada “guerra contra el narco” del pasado “no funcionó” y que su gobierno no volverá a ese modelo de confrontación militarizada.
Ante el incremento de la violencia en Michoacán y la indignación generada por la ejecución del edil, Sheinbaum aseguró que la estrategia de su administración para combatir la inseguridad seguirá enfocada en la justicia y el combate a la impunidad. “La justicia que nos lleve a la cero impunidad”, afirmó la presidenta, delineando el eje central de su política para restablecer la paz en Uruapan y en el resto del país. Este enfoque busca priorizar la inteligencia, la investigación y el desmantelamiento de las estructuras criminales y financieras, en lugar de los enfrentamientos directos.
Para demostrar la seriedad y el compromiso de su administración con el caso Michoacán, la Jefa del Ejecutivo convocó a la “mañanera” a parte de su gabinete de seguridad, incluyendo a Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. La presencia de los altos mandos buscó enviar un mensaje de coordinación y acción inmediata para atender la compleja situación de violencia que atraviesa la entidad.
La respuesta de Sheinbaum se da en un ambiente de intensa polarización, donde voces de la oposición y algunos sectores de la ciudadanía exigen un cambio drástico en la estrategia de seguridad, incluyendo un mayor despliegue militar. Sin embargo, la presidenta se mantuvo firme en su convicción de que la “guerra” solo exacerbó la violencia y hundió al país en una crisis que duró años.
La estrategia presidencial, por lo tanto, se concentra en atacar las causas estructurales de la violencia y asegurar que cada delito sea investigado hasta sus últimas consecuencias, garantizando que no existan refugios para los delincuentes. El caso del asesinato de Carlos Manzo se convierte, así, en una prueba de fuego para la administración actual, que debe demostrar la efectividad de su política de “Cero Impunidad” en uno de los municipios más castigados por el crimen organizado en el país. El mensaje es claro: la violencia no será respondida con más violencia, sino con el poder de la justicia y la aplicación rigurosa de la ley.
