La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en su conferencia matutina que Carlos Treviño Medina, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido en el extranjero y que será deportado a México para enfrentar cargos por corrupción.
Sheinbaum explicó que las autoridades nacionales, en coordinación con organismos internacionales, lograron la ubicación y captura del exfuncionario, quien se mantenía prófugo de la justicia. De acuerdo con la presidenta, el proceso de deportación ya está en marcha y se espera que en los próximos días Treviño llegue al país para ser presentado ante las instancias judiciales correspondientes.
Carlos Treviño dirigió Pemex entre 2017 y 2018, durante la administración federal anterior. Enfrenta acusaciones relacionadas con operaciones ilícitas y presuntos sobornos, que forman parte de investigaciones derivadas del caso Odebrecht y otras tramas de corrupción que han involucrado a exdirectivos de la paraestatal.
La mandataria subrayó que este arresto representa un paso importante en la lucha contra la corrupción y en la rendición de cuentas, pilares fundamentales de su gobierno y de la Cuarta Transformación. “La justicia tiene que aplicarse sin distinción de personas ni de cargos. La corrupción no será tolerada”, afirmó.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que, una vez en México, Treviño será trasladado a un centro de reclusión mientras se desarrolla su proceso legal. También se informó que las autoridades buscarán asegurar bienes y recursos presuntamente obtenidos de manera ilícita, como parte de las acciones para reparar el daño al patrimonio nacional.
El gobierno federal ha mantenido activa la cooperación con organismos internacionales y gobiernos extranjeros para localizar y detener a exfuncionarios acusados de corrupción. En este contexto, la captura de Treviño se suma a una serie de detenciones que, según Sheinbaum, envían un mensaje claro de que “en México la impunidad no tiene cabida”.
El caso de Carlos Treviño ha sido uno de los más mencionados en los últimos años en el ámbito energético y político, debido a las dimensiones de los contratos y operaciones que manejó durante su gestión en Pemex. Ahora, la justicia mexicana tendrá la responsabilidad de esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes.
