Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, compareció ante un juez federal en México tras su deportación desde Estados Unidos, donde estuvo preso por narcotráfico. En su declaración, se declaró inocente de los cargos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR), que incluyen delincuencia organizada y delitos relacionados con la salud. Cárdenas, quien se reservó su derecho a no declarar, fue presentado ante el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de Toluca, quien llevará a cabo una nueva audiencia el 22 de diciembre para definir su situación jurídica. La defensa del acusado ha solicitado la duplicidad del plazo constitucional.
Desde 2007, Cárdenas Guillén ha enfrentado múltiples acusaciones, incluidas tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado, delincuencia organizada y delitos contra la salud. Además, se le imputan otros delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas, por los que podría recibir una condena de hasta 730 años de prisión.
El periodista Jesús Esquivel, en su programa Aristegui en Vivo, destacó que Cárdenas Guillén corre un grave riesgo en su nueva detención, ya que la información que proporcionó a las autoridades estadounidenses como testigo cooperante podría ponerlo en peligro dentro del penal del Altiplano. Cárdenas, en su tiempo como jefe del Cártel del Golfo, colaboró con las autoridades para desmantelar a Los Zetas, lo que llevó a la captura de varios de sus miembros y a un debilitamiento del grupo.
De acuerdo con declaraciones de un agente encubierto estadounidense, Cárdenas Guillén pagó una cuantiosa multa como parte de un acuerdo con la justicia de EE. UU., lo que incluyó una estrategia para obtener fondos mediante su red de narcotráfico. Sin embargo, la divulgación de estos pagos generó tensiones dentro del Cártel del Golfo y Los Zetas, quienes, al descubrir la verdad, dejaron de apoyarlo, lo que contribuyó a la disolución de esta organización.
El periodista concluyó que este tipo de acuerdos, lejos de ayudar a la lucha contra el narcotráfico, complican aún más la situación, al generar desconfianza entre los mismos criminales, lo que termina favoreciendo a las autoridades.
