La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó este miércoles la exclusividad del Estado mexicano en la explotación del litio y de los minerales radioactivos, en virtud del principio de “supremacía constitucional”. Esta decisión, tomada por unanimidad, establece que estos recursos, de utilidad pública, deben ser manejados exclusivamente por el Estado.
La Sala aprobó por cuatro votos a favor el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que resolvió desestimar el amparo interpuesto por una minera de Chihuahua, la cual había impugnado el decreto de reforma a la Ley Minera del 20 de abril de 2022, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma otorga al Estado la plena rectoría sobre la explotación del litio y otros minerales estratégicos, lo cual había sido cuestionado por los demandantes.
Los titulares de la concesión minera 246359, perteneciente al lote “San Pedro” en el municipio de Satevó, Chihuahua, argumentaron que las modificaciones a la Ley Minera de 2022 violaban sus derechos, al limitar las concesiones previamente otorgadas y afectar sus títulos de concesión. Afirmaron que dicha reforma, además de contravenir principios constitucionales, restringía o incluso cancelaba derechos concedidos a los gobiernos estatales.
No obstante, la Segunda Sala resolvió que el amparo no sería procedente, basándose en la reforma al artículo 27 de la Constitución, publicada el 31 de octubre de este año. En su párrafo sexto, dicha reforma establece que el Estado no otorgará concesiones para la explotación de litio y minerales radioactivos. El proyecto aprobado aclara que, aunque se declare la inconstitucionalidad de la Ley Minera, esta no tendría efectos prácticos, ya que persiste la prohibición constitucional de otorgar concesiones en estos casos.
