En la edición vespertina del 2 de diciembre del Diario Oficial de la Federación (DOF), fueron publicados tres importantes decretos en áreas de bienestar, vivienda para trabajadores y protección animal. Estos entrarán en vigor el 3 de diciembre.
El primer decreto se enfoca en la reforma al artículo 4 de la Constitución, estableciendo que todos los adultos mayores de 65 años y las personas con discapacidad permanente recibirán una pensión no contributiva, conforme a los lineamientos que defina la ley. El documento detalla que los menores de 65 años con discapacidad permanente serán beneficiados con una pensión destinada a este grupo, mientras que las personas mayores de esa edad recibirán la pensión para adultos mayores. Además, se estipula la obligación de garantizar la rehabilitación de personas con discapacidad, dando prioridad a los menores de 18 años.
En el ámbito agrícola, se reforma también el artículo 27 constitucional para asegurar los precios de garantía para productos como el maíz, frijol, leche, arroz y trigo. Además, se establecen apoyos dirigidos a los trabajadores del campo, tales como un jornal seguro para campesinos que cultiven especies frutales y maderables, así como fertilizantes gratuitos y apoyo directo para pequeños productores y pescadores.
Por otro lado, en lo referente a la vivienda, el decreto publicado en el DOF reforma el artículo 123 constitucional, introduciendo medidas para mejorar la eficiencia operativa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Este cambio busca reducir los costos y asegurar que las empresas proporcionen viviendas adecuadas a sus trabajadores. El programa contemplará créditos accesibles para la compra o mejora de viviendas, así como para la adquisición de terrenos y construcción de casas.
Finalmente, el decreto sobre bienestar animal reforma los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución, con el objetivo de erradicar el maltrato hacia los animales. Se establece que el Estado mexicano debe garantizar su protección, conservación y trato adecuado, y el Congreso tiene un plazo de seis meses para emitir la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección Animal.
