El Senado aprobó la reforma constitucional conocida como “simplificación orgánica”, la cual fue respaldada por la mayoría calificada y cuyo impacto principal será la desaparición de siete organismos autónomos y reguladores. Entre los entes que desaparecerán se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros, como el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
La reforma también abarca la disolución de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Ahora, el dictamen debe ser aprobado por las legislaturas locales, siendo necesario el visto bueno de 17 congresos estatales para que el Ejecutivo lo promulgue y lo publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con esta medida, se estima que las finanzas federales recibirán un impulso de aproximadamente 4 mil 422 millones de pesos, los cuales se destinarán al Fondo de Pensiones del Bienestar. Durante la discusión en el Senado, los senadores de Morena y sus aliados defendieron la reforma argumentando que busca evitar la duplicidad de funciones y mejorar el uso de los recursos públicos. En contraste, los partidos de oposición, como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, advirtieron que esta reforma podría significar un retroceso.
Oscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo que el gobierno está preparado para retomar funciones de los organismos autónomos, garantizando la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos. Aseguró que esta reforma reafirma el compromiso del gobierno con el bienestar del pueblo, eliminando estructuras innecesarias que favorecen a intereses particulares.
Por su parte, Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, enfatizó que la reforma no contraviene los compromisos internacionales de México y que, al contrario, garantiza una mayor competencia en sectores clave como telecomunicaciones. También subrayó que la reestructuración de los entes públicos busca hacer más eficiente la administración, destinando los recursos de manera más eficaz a áreas prioritarias como la salud y la educación.
