La Cámara de Diputados aprobó este jueves un importante dictamen que modifica el marco legal relacionado con la seguridad pública en el país. El dictamen, que fue respaldado por 441 votos a favor, establece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) será la encargada de coordinar las labores de investigación de delitos en colaboración con otras instituciones de seguridad, como la Guardia Nacional y las fuerzas policiacas federales, estatales y municipales. Esta reforma al artículo 21 de la Constitución busca fortalecer la seguridad y mejorar la respuesta ante la creciente preocupación por la delincuencia en México.
La reforma establece que el Ministerio Público continuará teniendo un papel clave en la investigación de los delitos, pero bajo la supervisión y coordinación de la SSPC y las fuerzas de seguridad mencionadas, con el objetivo de unificar y optimizar los esfuerzos en la lucha contra el crimen. Además, se asegura que los recursos federales destinados a la seguridad pública serán auditados rigurosamente por el Sistema Nacional de Seguridad para garantizar su correcto uso y evitar malversaciones.
El dictamen también señala que el Sistema Nacional de Seguridad será responsable de coordinar las políticas y acciones en materia de seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal. Esta coordinación se regirá por un Secretariado Ejecutivo, que tendrá la facultad de emitir directrices y lineamientos para lograr la homologación de criterios y la implementación eficiente de estrategias de seguridad.
Una de las medidas destacadas es que la SSPC tendrá la responsabilidad de diseñar, coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, además de colaborar con el presidente en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad nacional. De igual forma, la Secretaría tendrá la capacidad de coordinar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para fortalecer la seguridad en todo el país. El decreto también prevé que en los próximos 90 días, la SSPC realizará una armonización normativa para alinear los instrumentos legales pertinentes, sin necesidad de asignar recursos adicionales para su implementación en el presente ejercicio fiscal.
