El Pleno de la Cámara de Diputados ha dado luz verde al dictamen que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que respecta a las áreas y empresas estratégicas del país. Esta aprobación se logró con 353 votos a favor y 122 en contra, marcando un cambio significativo en el panorama energético, así como en los sectores del petróleo y las telecomunicaciones.
La reforma, que revierte los cambios implementados en 2013 bajo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, establece un nuevo modelo en el sector eléctrico que prioriza a las empresas estatales, con un esquema de participación que se divide en un 54% para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y un 46% para el sector privado. Durante la sesión del 9 de octubre de 2023, representantes de partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano plantearon mociones para suspender la iniciativa, las cuales fueron rechazadas.

Los opositores a la reforma han expresado su preocupación por la falta de claridad y transparencia en el dictamen, argumentando que esto podría comprometer la competitividad y el desarrollo del sector energético en el país. Algunos diputados señalaron que estas modificaciones podrían contradecir tratados internacionales, como el T-MEC, lo que podría acarrear riesgos económicos para México.
Desde la bancada de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Samperio Montaño criticó la iniciativa, afirmando que conceder a CFE y Pemex una posición dominante no resolverá los problemas de competitividad. Asimismo, Liliana Ortiz Pérez, del PAN, advirtió que centralizar el control eléctrico en una empresa estatal representa un retroceso que desincentivaría la inversión tanto nacional como extranjera en infraestructura energética.
En contraste, desde el oficialismo, el diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, de Morena, defendió el dictamen, argumentando que la reforma busca asegurar la autosuficiencia energética a precios justos y evitar la especulación con los recursos energéticos. La diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del PT, también enfatizó que la reforma promueve las energías limpias y no excluye a la iniciativa privada, permitiendo su participación en el sector.
El Ejecutivo, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha respaldado esta reforma, resaltando su intención de mantener el carácter público de las empresas estatales y aclarando que no se busca crear monopolios. La secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, agregó que estas modificaciones buscan garantizar la soberanía energética de México y establecer un marco claro para la participación del sector privado.
La discusión sobre esta reforma continúa, y se espera que se detallen las reglas que regularán la participación del sector privado, buscando equilibrar sus oportunidades de inversión y despacho en un nuevo marco energético.



