La Cámara de Diputados de México dio un giro significativo en el panorama energético.
En una sesión reciente, se publicó una reforma que busca restablecer la primacía del Estado en el sector energético, afectando directamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex). Esta nueva normativa pretende transformar a estas entidades en empresas públicas, eliminando la etiqueta de “empresas productivas” y restringiendo la participación del sector privado.
Durante la sesión, se llevó a cabo la declaración de publicidad para la reforma que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Este cambio tiene como objetivo eliminar los artículos transitorios que sustentaron la reforma energética de 2013, impulsada por el anterior gobierno. El dictamen establece que las empresas del Estado deben ser consideradas como entidades de interés público, centradas en ofrecer servicios esenciales a la población, en lugar de perseguir fines de lucro.
Asimismo, la reforma elimina la autorización que permitía al Estado contratar empresas privadas en el sector eléctrico. En su lugar, se estipula que serán las leyes las que regulen la participación de los particulares, asegurando que estas no tengan prioridad sobre la empresa pública. De esta manera, el Estado asume la responsabilidad de la transición energética, buscando utilizar los recursos de manera sustentable y reducir las emisiones contaminantes.
La propuesta también pone en riesgo la continuidad del Centro Nacional de Control de Energía, que desempeña un papel crucial en la operatividad del sistema eléctrico nacional. Con estas reformas, se pretende fortalecer el control del gobierno sobre el sector energético, desafiando las disposiciones establecidas en la reforma de 2013. Este cambio representa un hito en la política energética de México, con posibles implicaciones en la economía y la soberanía nacional, marcando una nueva etapa en la gestión de los recursos energéticos del país.
