El próximo martes, la Cámara de Diputados procederá a votar sobre la controvertida reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea la elección de jueces y miembros de la Suprema Corte mediante sufragio popular. La noticia fue confirmada este domingo por Ricardo Monreal, líder de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en una conferencia de prensa previa a la apertura del nuevo Congreso.
El proceso legislativo para esta reforma se llevará a cabo en dos etapas: la primera sesión del martes estará dedicada únicamente a la discusión general y votación inicial. Al día siguiente, miércoles, se realizará una segunda sesión centrada en la discusión particular y la votación correspondiente. Monreal aseguró que este será el cierre del proceso legislativo en la Cámara de Diputados en relación con este tema.
Según Monreal, la reforma judicial será la prioridad principal del nuevo Congreso, que comenzó sus actividades este domingo con la mayoría calificada en manos de la alianza entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM). Esta coalición posee los dos tercios necesarios de los escaños para impulsar modificaciones constitucionales.
La propuesta de reforma, que requerirá posteriormente la aprobación de dos tercios del Senado y la mayoría en los congresos estatales, permitirá a los ciudadanos elegir directamente a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a partir del año 2025.
El líder de la bancada oficialista restó importancia a las recientes resoluciones judiciales que otorgaron amparos a empleados del Poder Judicial, quienes buscan suspender la discusión sobre la reforma en el Congreso. Monreal anunció medidas legales contra estos fallos, incluyendo un juicio político, una denuncia penal por presuntos delitos en la administración de justicia y una queja ante la Judicatura.
El oficialismo sigue adelante con la reforma a pesar de la huelga iniciada el 21 de agosto por trabajadores del Poder Judicial y las preocupaciones expresadas por organismos internacionales como la ONU, Human Rights Watch, así como los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, quienes han manifestado su inquietud por la posible incertidumbre que podría generar la propuesta.
