La batalla legal por la implementación del llamado “Plan B” de López Obrador continúa su curso después de su implementación el 16 de marzo, la estrategia lopezobradorista encontró no solo resistencias internas en el Instituto, también bloqueos legales que han terminado por meter a la congeladora los cambios tan anunciados por Presidencia.
Y es que, después de la suspensión definitiva asestada contra el “Plan B” el 24 de marzo por Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora un juez materia administrativa le ha metido freno provisional a la estructura operacional derivada del esta planificación.
El Juzgador hizo notar que las reformas planteadas no justifican objetivamente la reestructuración INE, “…del análisis de la exposición de motivos únicamente se aprecian razones dogmáticas y genéricas en relación con la supresión de diversas unidades administrativas” por lo concedió el dictamen contra el llamado “plan alterno” de reforma electoral impulsado por el Ejecutivo.
