La Justicia de Argentina dictó una resolución clave en el caso “Vialidad”, al ordenar la confiscación de propiedades y recursos económicos pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, así como de otros implicados en la presunta red de irregularidades en la obra pública. La decisión, emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, dispone el decomiso de un monto actualizado de 684 mil 990 millones de pesos argentinos, cifra equivalente a unos 480 millones de dólares, tras confirmar que los bienes señalados provienen del beneficio directo de delitos contra la administración estatal.
La medida afecta 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner-Fernández, entre ellas un inmueble a nombre de la expresidenta y otras diecinueve heredadas por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. El fallo también alcanza bienes muebles e inmuebles pertenecientes a otros acusados, como el exministro de Planificación Federal Julio de Vido y el empresario Lázaro Báez, ambos previamente condenados en el mismo expediente.
Sentencia con impacto político y jurídico
El tribunal ordenó inscribir el fallo en los Registros de la Propiedad para inmovilizar los bienes y evitar su transferencia mientras la condena avanza en instancias superiores. Según el documento judicial, los valores confiscados “constituyen el provecho del delito”, por lo que su recuperación resulta esencial para reparar el daño ocasionado al Estado argentino.
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La causa “Vialidad” pasó a juicio oral en 2019, tras años de investigaciones sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. En diciembre de 2022, Fernández fue condenada por administración fraudulenta, fallo que la Corte Suprema ratificó el pasado 17 de junio, consolidando la sentencia y su alcance sobre el patrimonio involucrado.
Consecuencias para Cristina Fernández
Actualmente, la exmandataria cumple una pena de seis años de prisión en su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, además de enfrentar una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta resolución refuerza el impacto jurídico sobre la figura política del peronismo y marca uno de los decomisos más significativos en la historia reciente del país.
