La jueza Susan Illston, del Tribunal Federal en San Francisco, emitió una orden temporal que impide al gobierno del expresidente Donald Trump despedir a más de 4 mil 100 trabajadores federales durante el cierre de operaciones gubernamentales. La magistrada argumentó que los recortes parecían tener motivaciones políticas y se implementaban sin un análisis adecuado de sus consecuencias.
Cierre del gobierno y tensiones políticas
El cierre del gobierno de Estados Unidos comenzó el 1 de octubre y ya se encuentra en su tercera semana. Según reportó The Associated Press, la decisión de Illston surge después de que varios sindicatos, entre ellos la American Federation of Government Employees, solicitaran detener los despidos al considerar que eran un abuso de poder para castigar a los trabajadores y presionar al Congreso.
Durante la audiencia, Illston cuestionó en repetidas ocasiones a la asistente del fiscal federal Elizabeth Hedges, quien no pudo justificar la decisión del gobierno de emitir los avisos de despido mientras gran parte del personal permanecía suspendido y sin acceso a sus correos o servicios de recursos humanos.
“Prácticamente se trata de disparar contra la mayoría de estos programas, y esto tiene un costo humano que no se puede tolerar”, señaló la jueza.
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Los despidos y las críticas sindicales
De acuerdo con documentos judiciales, el gobierno planeaba recortar personal en ocho agencias federales, incluyendo sectores de salud y educación, entre ellos educación especial y programas extracurriculares. El propio Trump declaró que dichos programas “no van a regresar nunca” y los calificó de “demócratas”.
Sindicatos y organizaciones como Democracy Forward, dirigida por Skye Perryman, calificaron la medida como “cruel, ilegal y una amenaza para la nación”. Perryman afirmó que el gobierno buscaba distraer a la opinión pública del impacto negativo del cierre y sus decisiones políticas.
El Congreso, dividido y sin acuerdo
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, advirtió que no negociará con los demócratas hasta que retiren sus demandas sobre atención médica, lo que podría convertir este cierre en el más largo de la historia.
Los demócratas, por su parte, insisten en mantener los subsidios de salud creados en 2021 y revertir los recortes de Medicaid incluidos en la reforma fiscal de Trump.
La orden de restricción de Illston permanecerá vigente mientras el tribunal evalúa los argumentos finales. Sin embargo, la Corte Suprema ya había autorizado previamente al Ejecutivo continuar con parte de los despidos mientras el litigio sigue en curso.
