El Congreso de Perú votó a favor de la destitución de Dina Boluarte como presidenta de la República, tras declarar su “permanente incapacidad moral” para combatir la inseguridad y el crimen organizado. Con 122 votos a favor de los 130 congresistas presentes, la moción superó ampliamente los 87 sufragios necesarios para concretar su salida. La sesión se llevó a cabo sin la presencia de la mandataria, quien no acudió al Parlamento para ejercer su defensa.
Boluarte, quien asumió el poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, concluye así un mandato de casi tres años marcado por protestas sociales, crisis política y denuncias de corrupción. La dirigente se había mantenido en el cargo con el apoyo de bancadas conservadoras, pero fueron justamente esos sectores los que impulsaron su destitución en el pleno.
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Las mociones que llevaron a la caída de Dina Boluarte
Durante la jornada, el Congreso debatió cuatro mociones de vacancia, presentadas por diferentes fuerzas políticas, incluyendo al partido Renovación Popular, el Bloque Socialista y Podemos Perú. Las propuestas alegaban que Boluarte había perdido autoridad moral para dirigir el Estado, tras su manejo de la crisis de seguridad ciudadana.
El detonante ocurrió cuando un grupo de cumbia fue atacado a balazos durante un concierto en un recinto militar, un hecho que desató indignación nacional y puso en evidencia el avance del crimen organizado en el país. A las 21:15 horas, el presidente del Congreso, José Jerí, dio inicio al debate que culminó con la destitución.
Una de las mociones había sido presentada con anterioridad por una coalición de izquierda, mientras que las otras tres se formalizaron el jueves. La coincidencia de partidos de distintas corrientes políticas fue decisiva para concretar la salida de Boluarte.
El futuro político tras la destitución presidencial
Con la vacancia aprobada, Perú enfrenta nuevamente un vacío de poder, un fenómeno recurrente desde 2018. Se espera que el Congreso convoque a elecciones anticipadas para restablecer el orden institucional, mientras la ciudadanía exige una reforma política que garantice estabilidad.
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