Más de 20 estados de EE.UU. han presentado durante este año iniciativas que buscan eliminar las políticas de santuario, las cuales limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Los legisladores republicanos que impulsan estos proyectos argumentan que es necesario imponer medidas punitivas contra aquellos funcionarios locales que persistan en la no colaboración. Estos proyectos de ley permitirían imponer sanciones como multas, demandas e incluso penas de cárcel a los funcionarios municipales que violen las restricciones sobre la cooperación migratoria.
En algunos estados, como Georgia y Louisiana, ya se han promulgado leyes que castigan a los funcionarios que no cooperan con las autoridades federales. En Georgia, una reciente legislación en el Senado permite demandas contra los responsables de implementar políticas de santuario. No obstante, existen fuertes oposiciones, pues algunos argumentan que tales medidas podrían generar inseguridad, al obligar a los funcionarios locales a retener a migrantes por más tiempo de lo legalmente permitido por miedo a posibles sanciones. Además, la administración de Trump también ha tomado acciones legales contra gobiernos locales que adoptan políticas que limitan la colaboración con ICE.
Otros estados, como Florida, Tennessee y Wyoming, han optado por medidas aún más drásticas, con la posibilidad de imponer multas y sanciones penales a los funcionarios locales que se nieguen a cumplir las leyes federales de inmigración. A medida que estas legislaciones avanzan, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación sobre el impacto negativo que podría tener sobre las comunidades migrantes.
