En las últimas semanas, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado un creciente interés por privatizar el Servicio Postal de EE.UU. (USPS), según informó el Washington Post el pasado sábado, citando a varias personas con conocimiento del tema. Este enfoque surge debido a las preocupantes finanzas del USPS, que ha acumulado pérdidas millonarias en los últimos años.
Desde 2007, el USPS ha perdido más de 100 mil millones de dólares, y su situación financiera continúa deteriorándose. En el último informe del servicio, correspondiente al año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, se reportó una pérdida neta de 9,500 millones de dólares, lo que representa un aumento de 3,000 millones respecto al año anterior. Este déficit se debe, en gran parte, a un incremento en los gastos no monetarios relacionados con las compensaciones de los trabajadores. Estos gastos incluyen pagos por beneficios de salud y pensiones, lo que ha incrementado significativamente los costos operativos del servicio.
Ante este panorama, Trump ha considerado que la privatización del USPS podría ser una solución para reducir el déficit y mejorar la eficiencia del servicio. La privatización, sin embargo, podría tener un impacto importante en los empleados del servicio postal, quienes dependen de este trabajo para su sustento, así como en la accesibilidad del servicio para millones de estadounidenses. La propuesta ha generado un intenso debate sobre si la privatización realmente podría mejorar la situación financiera del USPS o si pondría en riesgo su capacidad para proporcionar servicios universales a todo el país.
Esta situación ha despertado preocupación entre diversos sectores, que temen que la privatización pueda reducir el acceso a los servicios postales en áreas rurales y vulnerables. A pesar de las críticas, la administración entrante sigue considerando esta opción como una posible solución para las crecientes dificultades financieras del servicio.
