México se encuentra en una posición favorable para ofrecer empleo a los migrantes ante posibles cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, que incluyen la posibilidad de deportaciones masivas. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que las empresas mexicanas están asumiendo un rol proactivo en la integración laboral de migrantes, con el fin de enfrentar los desafíos que esto podría representar.
Durante una reunión con medios, Cervantes destacó que las empresas mexicanas han creado más de 5 mil empleos en diversos sectores como la minería, la industria automotriz y la manufactura. Este número podría duplicarse el próximo año, impulsando aún más la inclusión laboral de migrantes. Según el presidente del CCE, la incorporación de migrantes al mercado laboral mexicano es una estrategia que responde no solo a un acto humanitario, sino también a la necesidad de aprovechar el bajo índice de desempleo en el país, que se encuentra en un 2.7%.
Cervantes también señaló que las deportaciones no afectan únicamente a México, sino a países de Centroamérica y Sudamérica, lo que convierte a México en un punto de tránsito. Subrayó que las empresas mexicanas están comprometidas en la formalización del empleo, lo que no solo beneficia a las empresas, sino también a los trabajadores, quienes tienen acceso a seguridad social y mejores condiciones laborales.
Además, el presidente del CCE comentó que el país se encuentra preparado para afrontar las políticas migratorias del gobierno estadounidense de manera integral y regional. En otro ámbito, Cervantes subrayó que México está avanzado en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), destacando los progresos logrados en su implementación y la importancia de mantener la cooperación trilateral para asegurar la competitividad de la región. Aseguró que México tiene un equipo experimentado de negociadores y que se está trabajando en fortalecer áreas clave como la seguridad jurídica y la infraestructura, además de garantizar la independencia de los organismos autónomos del país.
