El gobierno municipal de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, alcanzó un ahorro histórico de más de 2 mil 400 millones de pesos, resultado de una estrategia integral de control financiero y gestión jurídica impulsada por la Consejería Jurídica y la Tesorería Municipal.
De acuerdo con el ayuntamiento, la Consejería Jurídica, a cargo de Carlos Villasana, consiguió un ahorro de más de mil 500 millones de pesos a través de sentencias, laudos y resoluciones favorables. A este monto se suma el ahorro de más de 900 millones de pesos generado por la Tesorería Municipal, lo que permitió al gobierno local sanear las finanzas y revertir el endeudamiento heredado por la administración anterior.
Montoya Márquez destacó que, a diferencia de lo que afirmaba el gobierno previo, la actual administración detectó adeudos no registrados con el SAT, el Gobierno del Estado de México y el ISSEMYM, los cuales ascendían a más de mil 194 millones de pesos.
El titular de la Consejería Jurídica explicó que el área recibió más de 4 mil expedientes relacionados con procesos laborales, fiscales, administrativos, civiles, mercantiles y agrarios. Subrayó que, gracias a una gestión sólida y la coordinación con la Tesorería, se han logrado laudos y convenios favorables que evitaron erogaciones millonarias.
Entre los logros más destacados se encuentran ahorros por 82 millones de pesos en convenios laborales, más de 21 millones por laudos absolutorios y 28 millones adicionales por desistimientos voluntarios de trabajadores. En el ámbito administrativo y fiscal, las resoluciones favorables sumaron más de 1,386 millones de pesos en beneficios directos para el municipio.
Con estos resultados, el Gobierno de Naucalpan consiguió salir del grupo de municipios más endeudados del país y alcanzar una calificación crediticia “triple”. Villasana aseguró que, sin la contención jurídica y la disciplina financiera implementada desde el inicio del trienio, las cifras actuales serían completamente distintas.
El alcalde reafirmó su compromiso de mantener una gestión transparente y responsable, garantizando la estabilidad económica y la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
