En un acto de justicia con perspectiva de género e interculturalidad, el Gobierno del Estado de México logró la liberación de Bonifacia “N”, mujer indígena mazahua y adulta mayor, quien permanecía presa desde 2021 en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez. Su caso estuvo marcado por omisiones y falta de garantías en su defensa durante el proceso judicial.
La liberación fue posible gracias a la intervención de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), la Consejería Jurídica a través del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). Bonifacia había sido sentenciada por homicidio, sin que se considerara debidamente el contexto de violencia familiar que enfrentaba, situación que afecta a muchas mujeres en condiciones de desigualdad estructural.
Mónica Chávez Durán, titular de SeMujeres, explicó que el caso se identificó durante una de las jornadas mensuales de salud física y mental que el organismo realiza en centros penitenciarios. En estos espacios, se informa a las mujeres sobre los servicios de atención disponibles, incluyendo apoyo jurídico y psicológico.
En septiembre de 2024, el IDP presentó ante la CODHEM un proyecto de amnistía basado en la Ley de Amnistía del Estado de México, evidenciando que Bonifacia había sido víctima de violencia constante, pertenecía a un pueblo indígena y no se respetó el debido proceso en su juicio. Debido a que su delito se considera de alto impacto, la Ley establece que solo un organismo de derechos humanos puede solicitar la amnistía. Con los argumentos del IDP, la CODHEM llevó el caso ante el Poder Judicial, que finalmente otorgó la liberación.
Como parte del procedimiento, el IDP asumió el pago de la reparación del daño, mientras que SeMujeres cubrió la multa correspondiente, asegurando que se cumplieran las condiciones jurídicas necesarias para la amnistía.
Este resultado se alinea con las directrices de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha reiterado su compromiso con el acceso a la justicia, la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, consolidando políticas de protección e inclusión para grupos vulnerables y pueblos originarios.
