En enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificará formalmente al empresario Ricardo Salinas Pliego sobre la obligación de cubrir 51 mil millones de pesos correspondientes a adeudos fiscales acumulados, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera de manera definitiva los litigios pendientes relacionados con sus empresas.
El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó que, tras las resoluciones emitidas por el máximo tribunal del país, la autoridad fiscal se encuentra legalmente facultada para proceder con el cobro conforme al Código Fiscal de la Federación. La notificación se realizará en enero y marcará el inicio del proceso administrativo para exigir el pago correspondiente.
De acuerdo con la autoridad hacendaria, existe la posibilidad de que el empresario acceda a un beneficio fiscal si manifiesta intención de cubrir el adeudo dentro de los plazos establecidos. En ese escenario, y dependiendo del esquema de pago solicitado, el SAT podría autorizar reducciones de hasta 39%, conforme a la ley vigente y a los criterios establecidos por los tribunales.
La resolución judicial más relevante ocurrió en noviembre pasado, cuando la SCJN determinó que el propietario de Grupo Salinas debía pagar 48 mil 326 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como actualizaciones, recargos y multas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2015 de las empresas TV Azteca y Elektra. Este fallo cerró un proceso legal que se prolongó durante varios años.
Posteriormente, el máximo tribunal también ordenó que Nueva Elektra del Milenio, otra de las empresas vinculadas a Salinas Pliego, cubra un adeudo adicional superior a 67 millones de pesos, reforzando la postura del Estado mexicano respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales de grandes contribuyentes.
Martínez Dagnino recordó que el marco legal establece que todas las personas físicas y morales están obligadas a contribuir al gasto público mediante el pago de impuestos. Subrayó que las acciones del SAT se rigen por la ley y buscan garantizar equidad tributaria, así como fortalecer las finanzas públicas del país.
El caso se ha convertido en uno de los cobros fiscales más relevantes de los últimos años y ha generado amplio interés público, al involucrar a uno de los empresarios más influyentes de México y a resoluciones definitivas del Poder Judicial.
