Un dato poco común en los centros penitenciarios del país volvió a encender la atención pública: un hombre condenado a 60 años de prisión por secuestro exprés logró escapar sin que las autoridades puedan explicar todavía cómo ni cuándo ocurrió exactamente su fuga. El caso no solo ha provocado incertidumbre, sino que también ha abierto una investigación por posible complicidad dentro del penal de Tenancingo Sur, en el Estado de México, donde el sentenciado cumplía su condena. La evasión del criminal ha puesto bajo la lupa el funcionamiento del sistema penitenciario mexiquense, así como los protocolos de vigilancia que deben evitar hechos de esta naturaleza.
El prófugo fue identificado como Andrés Alejandro Olvera Murillo, quien había sido trasladado en febrero de 2025 desde el penal de Lerma, lugar donde permanecía desde julio de 2023 cumpliendo la causa penal 260/2023. Según la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el interno estaba recluido en el Módulo 04 del Centro Penitenciario de Reinserción Social Tenancingo Sur. Aunque la fuga fue reportada oficialmente el domingo, la autoridad no ha precisado la hora exacta en que se detectó su ausencia, lo que ha generado cuestionamientos sobre el control de registros, rondines y supervisión interna.
La versión preliminar sugiere que el hombre habría recibido apoyo de una mujer cuya identidad no ha sido revelada. La participación de esta presunta cómplice se ha convertido en una línea clave de investigación, ya que podría confirmar un acto planeado con anticipación. Esto ha llevado a que se revise el actuar del director del penal, así como del personal de custodia, con el propósito de determinar si hubo negligencia o participación directa en la evasión. La Secretaría de Seguridad advirtió que, de encontrarse responsabilidad, se aplicarán sanciones administrativas y penales contra los involucrados.
Una hipótesis señala que el interno pudo haber trepado por un muro cercano a una torre de vigilancia, pese a que esa zona debía estar resguardada permanentemente. La investigación busca establecer si ese punto no era supervisado, si los sistemas de seguridad estaban inactivos o si hubo omisión deliberada para facilitar la huida. El caso ocurre en medio de un contexto crítico para los centros penitenciarios del Estado de México, que han sido señalados por sobrepoblación y falta de personal suficiente para mantener el control. Este escenario ha propiciado vulnerabilidades que incrementan el riesgo de incidentes como el ocurrido en Tenancingo. La Secretaría de Seguridad anunció que reforzará medidas de vigilancia en los centros de reinserción de la entidad, con el compromiso de evitar nuevas fugas que comprometan la seguridad pública.
