Las presiones para evitar que el Senado apruebe la reforma constitucional que impide ocupar cargos en el servicio público o de representación popular a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar o delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias se incrementaron en días recientes.
Dicho veto se extiende a la titularidad de las 16 secretarías del Gobierno estatal, los órganos descentralizados o paraestatales y la presidencia de la comisión estatal de derechos humanos, pero también para las candidaturas independientes a puestos de elección.
El jueves por la noche, en sus redes sociales, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aclaró que era “falso y tendencioso” que él la hubiera enviado a la congeladora. “Ni tengo facultades ni protejo agresores”, aseveró, y dio a conocer que la mesa directiva ya había turnado la minuta a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
